El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma tributaria distrital y el proyecto quedó a un paso de entrar en vigencia, una vez el alcalde Carlos Fernando Galán la sancione. La administración distrital busca un recaudo anual de $1,08 billones para acelerar la transformación de la ciudad.
La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, dijo que el propósito central del proyecto es «acelerar la transformación de la ciudad de cara a un modelo de ciudad inteligente». También sostuvo que la reforma permitirá financiar la modernización del alumbrado público, uno de los frentes más visibles del paquete tributario.
En el frente del ICA, la reforma trae cambios relevantes para varios sectores. Según Cadena, 89% de las industrias y 83% de los comercios verán reducciones en el impuesto. En contraste, las actividades financieras tendrán el aumento más pronunciado: pasarán de una tarifa de 14x1.000 a 20x1.000 en 2027, luego bajará a 19x1.000 en 2028 y a 18x1.000 desde 2029.
La iniciativa también modifica la carga para la industria automotriz. La tarifa de comercio de vehículos eléctricos subirá de 6,9x1.000 a 8x1.000; la de híbridos, de 6,9x1.000 a 10x1.000; y la de vehículos convencionales, de 6,9x1.000 a 11x1.000. Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, advirtió que el ajuste «tendrá implicaciones directas en la operación de los concesionarios» e incentivará el registro de matrículas fuera de Bogotá.
El otro gran componente de la reforma es la sobretasa al predial para financiar un nuevo sistema de Alumbrado Público Inteligente. Galán dijo que Bogotá tiene un alumbrado público «arcaico» y que necesita un sistema telegestionado, manejado de forma remota, además de una red de Internet de las Cosas con cámaras. La sobretasa va dirigida a estratos 4, 5 y 6, y también a viviendas de estratos 1, 2 y 3 con avalúo superior a 20.000 UVT, equivalentes a $1.047 millones.
Según la información divulgada, los hogares de estrato 4 empezarán a pagar $11.000 mensuales, los de estrato 5 $19.000 y los de estrato 6 $29.000 al mes. Cadena defendió el diseño al señalar que más de 800 ciudades de Colombia cobran por alumbrado público y que Bogotá eligió hacerlo por la vía del predial porque el cobro ligado al consumo de energía hacía que algunos procesos productivos terminaran pagando mucho más que proporcionalmente.
La secretaria de Hacienda también afirmó que la reforma amplía la base de gravados y que los predios grandes pueden asemejarse mejor a la demanda de alumbrado público. Además, explicó que habrá casos de «pobreza oculta» en estratos 4, 5 y 6 con tarifa de cero por mil cuando los cruces con SISBEN o con listas de exclusión del distrito muestren que no hay capacidad de pago.
La ciudad entra así en una fase de mayor recaudo y mayor presión tributaria sobre ciertos contribuyentes. El mercado ya votó: cuando el Estado amplía su apetito fiscal, la discusión deja de ser solo técnica y pasa a ser de incentivos, productividad y costo para quienes sostienen la inversión y el empleo.
Capital busca reglas claras. Si Bogotá quiere modernizar su alumbrado y su infraestructura, el desafío será no castigar de más a los sectores que generan flujo, capitalización y actividad económica. Una ciudad más inteligente no debería depender de una burocracia más costosa, sino de un marco tributario que premie la inversión y no la asfixie.
