Más de 1.200 uniformados integrarán la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, reactivada por el presidente Abelardo de la Espriella y con base en Aguachica, Cesar. La unidad concentrará operaciones contra el robo de hidrocarburos y contra estructuras del Clan del Golfo y el ELN en esa región.
La misión, según el mandatario, será golpear las finanzas y las redes de abastecimiento de los grupos armados que operan en el Cesar. Para eso contará con personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, además del acompañamiento de la Fiscalía y de agentes de inteligencia e investigación criminal.
De la Espriella dijo que ordenó que el Estado actúe «de forma integral» contra la economía criminal construida alrededor del robo de hidrocarburos. También afirmó que la respuesta no se limitará al lugar donde se produce el hurto, sino a toda la cadena: almacenamiento, transporte, compra y comercialización del combustible robado.
Según el mandatario, desde el 1 de septiembre, cuando Urano comenzó sus operaciones, las autoridades han recuperado más de 100.000 galones de combustible ilegal, capturado a 21 personas por delitos relacionados con hidrocarburos e incautado 22 vehículos y 46 válvulas ilegales. El Gobierno calcula además que estas acciones han permitido reducir en 3,7 millones de galones las pérdidas frente al mes anterior y generar afectaciones por alrededor de $58.000 millones.
El presidente dijo que esos resultados «son buenos», pero no suficientes. A su juicio, Urano cumplirá su misión cuando logre quebrar la viabilidad del negocio criminal de los hidrocarburos, reduzca de manera sostenida su capacidad y evite que esa estructura vuelva a regenerarse.
Durante el acto, también lanzó advertencias a los grupos criminales y reiteró que mantendrá una política de confrontación contra el narcoterrorismo. Añadió que no permitirá que esa postura sea presentada como una posición inhumana.
De la Espriella aseguró que acompañará a la Fuerza Pública en operativos y bombardeos y respaldó a soldados y policías para que actúen con «mano de hierro y todo el peso de la ley» contra las rentas criminales. Además, cuestionó decisiones del gobierno anterior durante las negociaciones de la llamada paz total.
En ese contexto, criticó que grupos armados hayan recibido estatus político y representación en el Congreso durante procesos de negociación, incluido el acuerdo de paz de 2016. También trazó una comparación entre antiguos capos del narcotráfico y actuales comandantes de grupos armados, al afirmar que «Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, Iván Mordisco, Timochenko son igual de mafiosos».
Los números primero. La señal política aquí es clara: cuando el Estado deja de mirar solo el punto del hurto y persigue toda la cadena, el margen del delito se estrecha. Eso importa en Cesar, pero también como mensaje sobre orden y autoridad.
Capital busca reglas claras. Si la presión oficial logra cortar esa renta ilegal, el costo para las redes criminales sube y el riesgo para la economía formal baja. Cuando la seguridad mejora, la inversión encuentra un terreno menos hostil y la productividad deja de pagar peajes invisibles.