El proyecto de soluciones fotovoltaicas en La Guajira, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Dispac, suma más de $300.000 millones y fue planteado para llevar energía solar a 10.664 viviendas vulnerables.
Hoy, el avance reportado apenas cubre a 862 hogares, equivalente al 8,1 % de la meta. La diferencia con los cronogramas originales es amplia: para esta fecha, los lotes 1 y 4 debían rondar el 93,5 % de avance, mientras que los lotes 2 y 3 estaban proyectados en 69,5 %.
En la práctica, el rezago se refleja en cifras todavía más duras. El avance reportado implicaría retrasos del 84 % en el lote 1, 67 % en el lote 2, 59 % en el lote 3 y 83 % en el lote 4.
El contrato sigue vigente hasta el 30 de noviembre. Antes de esa fecha, además de instalar los paneles, los contratistas deben poner en funcionamiento los sistemas, capacitar a los beneficiarios y cerrar el proyecto.
Pero el recorrido realizado por Semana en comunidades indígenas de Maicao y Albania encontró rancherías donde las obras ni siquiera han comenzado, instalaciones con fallas y paneles ubicados en viviendas deshabitadas. Según los testimonios recogidos, en algunos casos ya se habían hecho censos, fotografías y georreferenciaciones, pero después de eso los equipos no regresaron.
En Montañita, incluida en el lote 2, estaban previstas 72 soluciones fotovoltaicas, pero allí todavía no habrían llegado los materiales. En Mouwasira, lote 4 y con 82 usuarios previstos, los habitantes dijeron que fueron contactados meses atrás, aunque las instalaciones no habían comenzado. En Kululumana, donde se había anunciado la energización de 48 viviendas, los residentes afirmaron que los paneles todavía no habían sido instalados.
Los testimonios también coinciden con reportes de fallas en los sistemas que sí fueron puestos en marcha. Una habitante de Wayachón aseguró que algunos equipos dejan de funcionar durante días y deben ser reparados. Según su testimonio, una batería incluso se habría quemado.
A eso se suma otro hallazgo incómodo: viviendas desocupadas con paneles instalados y cerca de diez equipos que habrían quedado sin asignar. Una habitante de Wayachón afirmó: «Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas».
La situación importa por una razón básica: cuando el Estado compromete más de $300.000 millones y además entrega más de $100.000 millones en anticipos, la ejecución deja de ser una promesa y pasa a ser una obligación frente al dinero de los contribuyentes. El capital público no puede convertirse en una cadena de retrasos, obras inconclusas y equipos mal asignados.
Capital busca reglas claras. Si un programa de esta escala no cumple metas, cronogramas y controles elementales, el costo no es solo contable: también es de credibilidad institucional, productividad perdida y menos confianza para nuevas inversiones en infraestructura básica.